El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
La Corte Suprema próximamente dará a conocer si acoge o rechaza un recurso de nulidad presentado por el capitán de Ejército José Faúndez, a raíz del fallo que lo condenó a 15 años de cárcel por su participación en la muerte de Ramiro Veloz, un ciudadano colombiano que falleció tras recibir un impacto de bala de parte de una patrulla del Ejército durante el estallido social en la Región de Coquimbo. Faúndez fue declarado culpable en 2023 por los delitos de violencia innecesaria por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte de Apelaciones. Por lo mismo, el militar recurrió ante el máximo tribunal, instancia que ya dejó “en acuerdo” la resolución. Además, Faúndez también recurrió ante la Corte Suprema en contra del Ministerio de Defensa, dado que aún no se ha visado su retiro por enfermedad. La Comisión de Salud del Ejército consideró que no estaba apto para volver a sus funciones debido a problemas mentales derivados del servicio durante la crisis social. En mayo del 2024, el comandante en Jefe del Ejército envió los antecedentes para su retiro por enfermedad al Ministerio, pero hasta ahora no se ha cursado dicho decreto. Ante esta situación, los abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema para revertir la decisión anterior y exigir que se dicte el decreto correspondiente. Argumentan que existe una omisión ilegal y arbitraria sin justificación legal. La audiencia para escuchar los argumentos está pendiente y será entonces cuando se decida si se ordena finalmente el retiro por enfermedad y se resuelve también su situación penal condenatoria. Fuente: La Tercera Nacional
El Ministerio Público presentó un informe estadístico del Estallido Social con base en 32.901 causas registradas, abarcando el periodo del 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social para el Ministerio Público y evidencian los resultados del ejercicio de nuestras funciones en un contexto extraordinario”. Según el reporte, se registraron un total de 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas (19.979 personas naturales y 748 jurídicas). Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos, siendo los meses con mayor ocurrencia octubre (37%) y noviembre (35,1%) de 2019. En cuanto a la tipología delictiva, la violencia institucional representó el 34,1% del total, seguida por delitos contra la propiedad y saqueos (31,7%), desórdenes públicos (22,7%), maltrato contra agentes del Estado (9,4%) e incendios (2,1%). En relación a la violencia institucional, se reportaron 11.506 causas y 12.002 delitos, con un alto porcentaje de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos y abusos contra particulares. Además, se registraron 464 víctimas de trauma ocular y un número considerable de lesionados por proyectiles. Respecto a los delitos contra agentes del Estado, se contabilizaron 3.142 causas principalmente relacionadas con maltrato de obra a Carabineros (53,6%) y amenazas a la autoridad (18%). El informe revela que el 96% de las investigaciones concluyeron y el 24% de los delitos con imputado conocidos resultaron en una condena. En cuanto a las muertes relacionadas con estos eventos, se investigaron un total de 30 personas fallecidas, mayoritariamente hombres (93%) y en su mayoría mayores de edad (86,7%). Los principales contextos donde se produjeron estas muertes fueron incendios, desórdenes públicos entre particulares y violencia institucional. Fuente: CNN Chile País
La Corte Suprema próximamente dará a conocer si acoge o rechaza un recurso de nulidad presentado por el capitán de Ejército José Faúndez, a raíz del fallo que lo condenó a 15 años de cárcel por su participación en la muerte de Ramiro Veloz, un ciudadano colombiano que falleció tras recibir un impacto de bala de parte de una patrulla del Ejército durante el estallido social en la Región de Coquimbo. Faúndez fue declarado culpable en 2023 por los delitos de violencia innecesaria por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte de Apelaciones. Por lo mismo, el militar recurrió ante el máximo tribunal, instancia que ya dejó “en acuerdo” la resolución. Además, Faúndez también recurrió ante la Corte Suprema en contra del Ministerio de Defensa, dado que aún no se ha visado su retiro por enfermedad. La Comisión de Salud del Ejército consideró que no estaba apto para volver a sus funciones debido a problemas mentales derivados del servicio durante la crisis social. En mayo del 2024, el comandante en Jefe del Ejército envió los antecedentes para su retiro por enfermedad al Ministerio, pero hasta ahora no se ha cursado dicho decreto. Ante esta situación, los abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema para revertir la decisión anterior y exigir que se dicte el decreto correspondiente. Argumentan que existe una omisión ilegal y arbitraria sin justificación legal. La audiencia para escuchar los argumentos está pendiente y será entonces cuando se decida si se ordena finalmente el retiro por enfermedad y se resuelve también su situación penal condenatoria. Fuente: La Tercera Nacional
