La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha respondido a la controversia surgida por una circular enviada a varios ministerios en el marco de la formulación del Presupuesto 2027. Este documento incluía recomendaciones sobre posibles recortes y la descontinuación de programas públicos, lo que generó debate al sugerir ajustes en áreas como salud, educación y protección social, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar. El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, reconoció durante un seminario en la Pontificia Universidad Católica que hubo dificultades en la comunicación del contenido del documento. En sus palabras: “Siempre en todos los años, como se evalúan programas, se comunican una especie de marcos, pero en la misma circular se establecía y, de alguna manera, la palabra descontinuar es más bien reformular”. El oficio propone revisar 142 programas y reducir el financiamiento de otros 260 en una etapa preliminar del proceso presupuestario. Llodrá explicó que la circular no indicaba que se debía descontinuar la política pública detrás del programa, sino que los servicios podían continuar con dicha política pública pero reformulando su ejecución. En cuanto a la evaluación anual de programas públicos realizada por la Dipres como parte del presupuesto, Llodrá mencionó: “Uno no busca castigar los servicios, lo que se busca es evaluar los servicios para que se usen los recursos de manera más eficiente”. Además, señaló que la Dipres no emite juicios sobre las políticas públicas de los ministerios, sino que identifica problemas en las herramientas utilizadas para ejecutarlas. Respecto al Programa de Alimentación Escolar, Llodrá enfatizó: “Nadie dice que hay que eliminar programas, sino que pueden ejecutarse de otra manera para lograr el mismo objetivo”. Desde la Dipres aclararon que el documento forma parte de una etapa preliminar del proceso presupuestario y busca orientar la evaluación de programas sin implicar decisiones finales sobre su continuidad. Fuente: Meganoticias
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile A.G. ha emitido una declaración pública advirtiendo sobre el potencial impacto negativo en la salud mental de la población, como consecuencia de las recientes decisiones presupuestarias tomadas por el Gobierno de José Antonio Kast. Esta comunicación responde a las directrices establecidas en el Oficio Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, con fecha del 21 de abril de 2026, así como al proyecto de ley denominado Reconstrucción Nacional, presentado un día después. De acuerdo con el gremio, estas medidas podrían impactar tanto en el acceso a programas de atención para las personas, como en la continuidad laboral de los profesionales del sector. “Se afectará el bienestar y salud de las personas usuarias de estos programas”, expresó la declaración, añadiendo que también se vería comprometido “el ejercicio del derecho al trabajo”. En el comunicado, la organización destaca que la salud debe ser considerada como un derecho fundamental. “La salud no es un lujo. No es un gasto prescindible. Es una condición de la dignidad humana y una responsabilidad pública irrenunciable”, afirmaron. Además, el Colegio cuestionó que la propuesta gubernamental actual no asegure explícitamente este derecho, asegurando que no permanecerán en silencio ante esta situación. Por último, el gremio hace un llamado a individuos y entidades a respaldar esta declaración completando un formulario público, en medio de lo que consideran un debate crucial sobre políticas públicas y salud mental en el país. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras la controversia generada por una circular del Ministerio de Hacienda que recomendaba “descontinuar” programas clave —entre ellos el PAE, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el plan Calles Sin Violencia, el Gobierno salió a responder de forma categórica ante las dudas surgidas en la ciudadanía. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró a 24 Horas, que por ningún motivo “ se terminará con el Plan Calle Sin Violencia. Tras la filtración, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, explicó que no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es oficio, todavía no está el decreto “. Precisó que “lo único que se ha enviado es un oficio que se envía en el contexto de correcciones de gasto que siempre hay que hacer y, de hecho, lo envía Dipres todos los años y de ese oficio lo que estamos diciendo son programas que se evaluaron mal en la Dipres y le estamos dando orientación de en qué fijarse en lo que viene a futuro”. En la circular, se hablaba de los programas en Seguridad: Innovación y Transferencia Técnica Territorial (ex Innovación y Tecnología); Calles Sin Violencia; y el Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO). Fuente: Publimetro
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha realizado ajustes significativos en el reglamento de la Ley Uber, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT). Bajo la dirección de Louis de Grange, se ha presentado un nuevo texto a Contraloría con el objetivo de simplificar las exigencias administrativas y técnicas para facilitar la implementación de la ley y minimizar el impacto en el empleo y las tarifas. A continuación, se describen los cambios más relevantes introducidos en el reglamento: 1. Flexibilización de Antigüedad y Estándares Técnicos El nuevo reglamento propone una extensión significativa en los límites de antigüedad permitidos para los vehículos de aplicaciones: Primera inscripción: El límite aumenta de 1 a 5 años. Reemplazo de vehículos: Sube de 3 a 5 años, con un régimen especial de 7 años en zonas extremas. Antigüedad máxima de operación: Se extiende de 12 a 15 años. Cilindrada y potencia: Se eliminan estas exigencias, ya que el ministerio considera que no son determinantes para los estándares de seguridad actuales. 2. Reducción de la Carga Administrativa Se busca simplificar los trámites para conductores, empresas y propietarios mediante diversas medidas: Eliminación de trámites: Se suprimen las solicitudes de antecedentes que el ministerio puede obtener por otras fuentes oficiales o interoperabilidad. Reemplazo de conductores: Se aumenta la periodicidad para disponibilizar cupos de reemplazo, pasando de 30 a 10 días. Agilización del Registro: El proceso de inscripción de conductores y vehículos en el Registro Electrónico de las EAT se vuelve más expedito. 3. Nuevo Distintivo de Identificación Se simplifica el distintivo que los vehículos deben exhibir de forma permanente durante la prestación del servicio: Formato: Una sola lámina rectangular de 14 cm de alto por 10 cm de ancho. Contenido: Debe incluir fondo blanco, un código QR, la foto del conductor y su código de identificación (CIC). Objetivo: Facilitar la fiscalización y mejorar la seguridad de los pasajeros. 4. Gestión de Datos y Registro Electrónico El reglamento estipula la creación de un registro nacional, único y electrónico: Contenido: Nómina de empresas EAT, conductores habilitados y vehículos adscritos por cada región. Responsabilidad: El MTT es el encargado de la custodia de las bases de datos, resguardando los datos personales según la normativa vigente. Acceso: La información contenida en el registro será de consulta pública y gratuita. 5. Equiparación con el Gremio de Taxis Para evitar una competencia desigual, se tramitan cambios paralelos para taxis y colectivos: Similitud técnica: Se busca igualar las exigencias de antigüedad y cilindrada con las de las EAT. Capacidad: Se elimina el límite de dos corridas de asientos (permitiendo mínimo dos) y se establece una capacidad máxima de 9 asientos. Excepción en colectivos: Se mantiene la exigencia de potencia y cilindrada para los taxis colectivos debido a su alta tasa de ocupación. Fuente: ADN Radio Nacional
La Tesorería General de la República (TGR) ha iniciado medidas coactivas contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Esta acción afecta a un grupo inicial de 1.340 casos a nivel nacional que no han regularizado su situación después de recibir notificaciones. Las medidas incluyen la retención de fondos en cuentas bancarias, inversiones y activos como vehículos o inmuebles. Estas acciones judiciales y administrativas se están llevando a cabo después de que venciera el plazo de notificación que comenzó el 6 de abril. El objetivo es recuperar recursos fiscales mediante el embargo de activos. Según la TGR, el proceso no se limita solo a bienes físicos como vehículos o propiedades, sino que se enfoca en la retención de bienes financieros, incluyendo el congelamiento de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos. La estrategia está dirigida hacia un grupo crítico de 1.340 personas con altos ingresos que, a pesar de haber sido notificadas formalmente, siguen manteniendo sus obligaciones impagas. En lo que va del año 2026, la gestión de cobro de la TGR ha logrado recuperar más de $20 mil millones. Durante el mes de abril, se observó una aceleración en las regularizaciones con la firma de 7.500 nuevos convenios, lo que significó un ingreso de $8.400 millones a las arcas fiscales en un solo mes. En cuanto a los deudores con ingresos superiores a los $5 millones, el fisco ya ha recaudado $2.400 millones a través de pagos totales o parciales realizados fuera de convenios. Para aquellos deudores con ingresos inferiores al umbral establecido, la institución ha implementado un sistema de facilidades de pago desde el 1 de abril. Fuente: CNN Chile País
La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha respondido a la controversia surgida por una circular enviada a varios ministerios en el marco de la formulación del Presupuesto 2027. Este documento incluía recomendaciones sobre posibles recortes y la descontinuación de programas públicos, lo que generó debate al sugerir ajustes en áreas como salud, educación y protección social, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar. El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, reconoció durante un seminario en la Pontificia Universidad Católica que hubo dificultades en la comunicación del contenido del documento. En sus palabras: “Siempre en todos los años, como se evalúan programas, se comunican una especie de marcos, pero en la misma circular se establecía y, de alguna manera, la palabra descontinuar es más bien reformular”. El oficio propone revisar 142 programas y reducir el financiamiento de otros 260 en una etapa preliminar del proceso presupuestario. Llodrá explicó que la circular no indicaba que se debía descontinuar la política pública detrás del programa, sino que los servicios podían continuar con dicha política pública pero reformulando su ejecución. En cuanto a la evaluación anual de programas públicos realizada por la Dipres como parte del presupuesto, Llodrá mencionó: “Uno no busca castigar los servicios, lo que se busca es evaluar los servicios para que se usen los recursos de manera más eficiente”. Además, señaló que la Dipres no emite juicios sobre las políticas públicas de los ministerios, sino que identifica problemas en las herramientas utilizadas para ejecutarlas. Respecto al Programa de Alimentación Escolar, Llodrá enfatizó: “Nadie dice que hay que eliminar programas, sino que pueden ejecutarse de otra manera para lograr el mismo objetivo”. Desde la Dipres aclararon que el documento forma parte de una etapa preliminar del proceso presupuestario y busca orientar la evaluación de programas sin implicar decisiones finales sobre su continuidad. Fuente: Meganoticias
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile A.G. ha emitido una declaración pública advirtiendo sobre el potencial impacto negativo en la salud mental de la población, como consecuencia de las recientes decisiones presupuestarias tomadas por el Gobierno de José Antonio Kast. Esta comunicación responde a las directrices establecidas en el Oficio Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, con fecha del 21 de abril de 2026, así como al proyecto de ley denominado Reconstrucción Nacional, presentado un día después. De acuerdo con el gremio, estas medidas podrían impactar tanto en el acceso a programas de atención para las personas, como en la continuidad laboral de los profesionales del sector. “Se afectará el bienestar y salud de las personas usuarias de estos programas”, expresó la declaración, añadiendo que también se vería comprometido “el ejercicio del derecho al trabajo”. En el comunicado, la organización destaca que la salud debe ser considerada como un derecho fundamental. “La salud no es un lujo. No es un gasto prescindible. Es una condición de la dignidad humana y una responsabilidad pública irrenunciable”, afirmaron. Además, el Colegio cuestionó que la propuesta gubernamental actual no asegure explícitamente este derecho, asegurando que no permanecerán en silencio ante esta situación. Por último, el gremio hace un llamado a individuos y entidades a respaldar esta declaración completando un formulario público, en medio de lo que consideran un debate crucial sobre políticas públicas y salud mental en el país. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras la controversia generada por una circular del Ministerio de Hacienda que recomendaba “descontinuar” programas clave —entre ellos el PAE, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el plan Calles Sin Violencia, el Gobierno salió a responder de forma categórica ante las dudas surgidas en la ciudadanía. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró a 24 Horas, que por ningún motivo “ se terminará con el Plan Calle Sin Violencia. Tras la filtración, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, explicó que no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es oficio, todavía no está el decreto “. Precisó que “lo único que se ha enviado es un oficio que se envía en el contexto de correcciones de gasto que siempre hay que hacer y, de hecho, lo envía Dipres todos los años y de ese oficio lo que estamos diciendo son programas que se evaluaron mal en la Dipres y le estamos dando orientación de en qué fijarse en lo que viene a futuro”. En la circular, se hablaba de los programas en Seguridad: Innovación y Transferencia Técnica Territorial (ex Innovación y Tecnología); Calles Sin Violencia; y el Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO). Fuente: Publimetro
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha realizado ajustes significativos en el reglamento de la Ley Uber, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT). Bajo la dirección de Louis de Grange, se ha presentado un nuevo texto a Contraloría con el objetivo de simplificar las exigencias administrativas y técnicas para facilitar la implementación de la ley y minimizar el impacto en el empleo y las tarifas. A continuación, se describen los cambios más relevantes introducidos en el reglamento: 1. Flexibilización de Antigüedad y Estándares Técnicos El nuevo reglamento propone una extensión significativa en los límites de antigüedad permitidos para los vehículos de aplicaciones: Primera inscripción: El límite aumenta de 1 a 5 años. Reemplazo de vehículos: Sube de 3 a 5 años, con un régimen especial de 7 años en zonas extremas. Antigüedad máxima de operación: Se extiende de 12 a 15 años. Cilindrada y potencia: Se eliminan estas exigencias, ya que el ministerio considera que no son determinantes para los estándares de seguridad actuales. 2. Reducción de la Carga Administrativa Se busca simplificar los trámites para conductores, empresas y propietarios mediante diversas medidas: Eliminación de trámites: Se suprimen las solicitudes de antecedentes que el ministerio puede obtener por otras fuentes oficiales o interoperabilidad. Reemplazo de conductores: Se aumenta la periodicidad para disponibilizar cupos de reemplazo, pasando de 30 a 10 días. Agilización del Registro: El proceso de inscripción de conductores y vehículos en el Registro Electrónico de las EAT se vuelve más expedito. 3. Nuevo Distintivo de Identificación Se simplifica el distintivo que los vehículos deben exhibir de forma permanente durante la prestación del servicio: Formato: Una sola lámina rectangular de 14 cm de alto por 10 cm de ancho. Contenido: Debe incluir fondo blanco, un código QR, la foto del conductor y su código de identificación (CIC). Objetivo: Facilitar la fiscalización y mejorar la seguridad de los pasajeros. 4. Gestión de Datos y Registro Electrónico El reglamento estipula la creación de un registro nacional, único y electrónico: Contenido: Nómina de empresas EAT, conductores habilitados y vehículos adscritos por cada región. Responsabilidad: El MTT es el encargado de la custodia de las bases de datos, resguardando los datos personales según la normativa vigente. Acceso: La información contenida en el registro será de consulta pública y gratuita. 5. Equiparación con el Gremio de Taxis Para evitar una competencia desigual, se tramitan cambios paralelos para taxis y colectivos: Similitud técnica: Se busca igualar las exigencias de antigüedad y cilindrada con las de las EAT. Capacidad: Se elimina el límite de dos corridas de asientos (permitiendo mínimo dos) y se establece una capacidad máxima de 9 asientos. Excepción en colectivos: Se mantiene la exigencia de potencia y cilindrada para los taxis colectivos debido a su alta tasa de ocupación. Fuente: ADN Radio Nacional
La Tesorería General de la República (TGR) ha iniciado medidas coactivas contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Esta acción afecta a un grupo inicial de 1.340 casos a nivel nacional que no han regularizado su situación después de recibir notificaciones. Las medidas incluyen la retención de fondos en cuentas bancarias, inversiones y activos como vehículos o inmuebles. Estas acciones judiciales y administrativas se están llevando a cabo después de que venciera el plazo de notificación que comenzó el 6 de abril. El objetivo es recuperar recursos fiscales mediante el embargo de activos. Según la TGR, el proceso no se limita solo a bienes físicos como vehículos o propiedades, sino que se enfoca en la retención de bienes financieros, incluyendo el congelamiento de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos. La estrategia está dirigida hacia un grupo crítico de 1.340 personas con altos ingresos que, a pesar de haber sido notificadas formalmente, siguen manteniendo sus obligaciones impagas. En lo que va del año 2026, la gestión de cobro de la TGR ha logrado recuperar más de $20 mil millones. Durante el mes de abril, se observó una aceleración en las regularizaciones con la firma de 7.500 nuevos convenios, lo que significó un ingreso de $8.400 millones a las arcas fiscales en un solo mes. En cuanto a los deudores con ingresos superiores a los $5 millones, el fisco ya ha recaudado $2.400 millones a través de pagos totales o parciales realizados fuera de convenios. Para aquellos deudores con ingresos inferiores al umbral establecido, la institución ha implementado un sistema de facilidades de pago desde el 1 de abril. Fuente: CNN Chile País
