La familia de Alejandro, el niño de 12 años que perdió la vida tras una violenta encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo, ha dado a conocer una propuesta legislativa que lleva por nombre “Ley Alejandro”. Esta iniciativa tiene como objetivo principal endurecer las penas para aquellos que participen en delitos violentos cometidos en grupo y fortalecer el apoyo a las víctimas. Los padres del menor presentaron públicamente la propuesta durante una conferencia de prensa, donde reiteraron su búsqueda de justicia y expresaron su deseo de que la muerte de su hijo marque un punto de inflexión en la forma en que el Estado aborda este tipo de crímenes. De acuerdo con sus declaraciones, uno de los principales propósitos del proyecto es garantizar que los responsables de encerronas, portonazos y otros delitos de alta connotación social reciban penas efectivas de cárcel, sin posibilidad de acceder a beneficios que reduzcan o sustituyan las condenas. La familia argumenta que las leyes actuales no siempre reflejan la gravedad de los hechos ni el daño causado a las víctimas. El padre de Alejandro mencionó que, aunque ninguna sanción podrá reparar la pérdida de su hijo, es crucial que aquellos involucrados en el delito enfrenten las penas máximas establecidas por la ley. Asimismo, destacó la importancia de revisar diversos aspectos del sistema penal para fortalecer la respuesta ante actos de extrema violencia. Otro aspecto fundamental de la propuesta es la revisión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los familiares sostienen que el marco normativo actual necesita ajustes para abordar con mayor eficacia los casos en los que menores participan en delitos graves con consecuencias fatales. Además del endurecimiento de las sanciones, la iniciativa contempla medidas de apoyo para las familias afectadas por actos violentos. Entre ellas se encuentra la creación de una pensión provisoria destinada a las víctimas directas o a sus familiares, con el fin de facilitar el proceso de duelo y hacer frente a las repercusiones económicas derivadas de estos eventos. Al concluir la presentación, la familia hizo un llamado para que “no se olvide a Alejandro. Que su historia sirva para generar cambios reales y para que ningún niño más pierda la vida por culpa de esta delincuencia”, según informó T13. La propuesta también ha recibido el respaldo del presidente José Antonio Kast, quien expresó públicamente su apoyo a la denominada “Ley Alejandro” y anunció una reunión con la familia del menor y otros familiares de víctimas de delitos violentos. “Tenemos que abordarlo de manera integral. Hemos estado conversando con los distintos parlamentarios que han presentado iniciativas legales”, afirmó el mandatario. Fuente: Publimetro
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este martes 30 de junio que la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo de 2026 experimentó un aumento, alcanzando un 9,4%. Según el INE, en el último año se observó un incremento de 0,5 puntos porcentuales debido al aumento de la fuerza laboral en un 1,3%, superando el crecimiento de las personas empleadas que fue del 0,8%. En cuanto a las personas desempleadas, se registró un aumento del 6,9%, influenciado por aquellos que estaban cesantes (5,9%) y por quienes buscaban trabajo por primera vez (16,4%). El organismo también señaló que la tasa de participación se situó en 62,4%, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Por otro lado, la tasa de ocupación fue del 56,5%, disminuyendo en 0,1 puntos porcentuales en el mismo período. La población fuera de la fuerza laboral aumentó un 0,2%, impulsada tanto por las personas inactivas habituales como por las potencialmente activas. En cuanto a las mujeres, la tasa de desempleo alcanzó el 10,5%, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales debido al incremento del 2,0% en la fuerza laboral. Las desempleadas aumentaron un 6,5%, destacando las cesantes (6,0%) y aquellas que buscaban trabajo por primera vez (10,5%). Las tasas de participación y ocupación femeninas fueron del 53,6% y 48,0%, respectivamente, con aumentos de 0,6 y 0,3 puntos porcentuales. Por otro lado, las mujeres fuera de la fuerza laboral disminuyeron un 0,4%. En cuanto a los hombres, la tasa de desocupación fue del 8,6%, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior debido al incremento del 0,8% en la fuerza laboral. Los desempleados aumentaron un 7,3%, destacando los cesantes (5,8%) y aquellos que buscaban trabajo por primera vez (24,1%). Las tasas de participación y ocupación masculinas fueron del 71,6% y 65,5%, respectivamente, con disminuciones de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales. Los hombres fuera de la fuerza laboral aumentaron un 1.2%. Fuente: Publimetro
El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció la reapertura del sumario administrativo relacionado con el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Esta medida tiene como objetivo revisar la investigación administrativa que fue sobreseída durante el gobierno de Gabriel Boric, con la finalidad de determinar posibles irregularidades en la tramitación de estos beneficios. Según Pavez, La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Esto se produce porque, cuando los sumarios administrativos terminan, hay que llevarlos a la Contraloría para la toma de razón. El ministro subrogante explicó que esta decisión se debe a que la Contraloría identificó dificultades en el sumario anterior, por lo que es una orden directa de dicho organismo. En relación a posibles sanciones, Pavez afirmó que el Ejecutivo cumplirá con la instrucción y buscará establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Además, señaló que el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social. Respecto a los tiempos del proceso, Máximo Pavez aclaró que la reapertura del sumario administrativo y la revisión de las pensiones son procedimientos distintos. El sumario es un sumario administrativo que tenemos que reaperturar. Hay una fiscal designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea, agregó. En cuanto a la revisión de los beneficios, Pavez mencionó que una vez esté lista se comunicará a la opinión pública. Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
En un dictamen calificado como un hito inédito en la historia judicial del mundo, la justicia chilena dictó este 30 de junio una sentencia condena contra un juez y un general en retiro por diseñar y ejecutar una operación de espionaje ilegal orientada a intervenir las comunicaciones de un periodista de investigación. El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago sentenció a cinco años de cárcel y a la pérdida de derechos políticos a perpetuidad a Juan Poblete, expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, y a Shafik Nazal, general en retiro y otrora director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). La resolución se adoptó mediante un procedimiento de juicio abreviado, luego de que ambos exfuncionarios estatales reconocieran su culpabilidad y la totalidad de los hechos acusados, tras haber permanecido más de dos años bajo la medida de prisión preventiva. Como parte de la sentencia, ambos cumplirán la pena bajo el régimen del libertad vigilada intensiva, dejando atrás las medidas cautelares de arresto domiciliario total que pesaban sobre ellos. Los antecedentes del caso demuestran que las interceptaciones telefónicas ilícitas se perpetraron durante el año 2017. En aquel periodo, el periodista Mauricio Weibel Barahona lideraba una serie de publicaciones sobre corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, coloquialmente conocidas como “Milicogate”, donde destapaba fraudes en los procesos de compras de armamento de guerra. Para consumar el espionaje sin levantar las alarmas del sistema regulatorio, el juez Poblete y el general Nazal idearon una trampa procesal: Esta agresión a la libertad de prensa fue descubierta dos años más tarde, en 2019, gracias a la revelación anónima de un funcionario de inteligencia a un medio escrito. Tras destaparse el escándalo, el proceso penal enfrentó diversas complejidades, incluyendo el hecho de que tres ministros de Defensa de la época defendieron el actuar de las agencias de inteligencia ante el Congreso Pleno. El término del proceso judicial provocó inmediatas reacciones en el ecosistema de medios y en organismos de derechos humanos. Los abogados del periodista, Karinna Fernández y Cristián Cruz, valoraron que el fallo recoja los estándares de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, reafirmando que quienes investigan actuaciones indebidas no deben ser blanco de hostigamientos. “Cuando se interviene el teléfono de un periodista que investiga, se interviene la democracia misma”, recalcó Fernández. Asimismo, la Universidad de Columbia, a través de un informe legal ( amicus curiae) presentado en la causa, alertó sobre la preocupante tendencia regional del uso arbitrario de tecnologías de vigilancia estatal, las cuales vulneran gravemente el derecho a la privacidad y fomentan la autocensura de las fuentes. Por su parte, el periodista Mauricio Weibel celebró el dictamen inapelable señalando que constituye un muro contra la impunidad de los ataques a la prensa. “Este fallo constituye una señal clara de que no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas, ni siquiera para un juez o un general”, concluyó al cierre la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la cumbre del Mercosur celebrada este martes 30 de junio, el Presidente José Antonio Kast hizo hincapié en la grave problemática del crimen organizado, comparándolo con un terremoto capaz de cobrar más vidas que desastres naturales. En sus palabras, el mandatario afirmó que el crimen organizado es un terremoto más lento y silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que perdieron su vida en el terremoto en Venezuela. Expresó su preocupación ante la falta de integración efectiva debido a la presencia de rutas comerciales controladas por grupos criminales. Ante esta situación, el Presidente Kast instó a sus pares latinoamericanos a unirse en un esfuerzo conjunto para hacer frente al crimen organizado. Propuso la realización de una cumbre exclusiva para abordar este tema crucial. En sus palabras finales, Kast enfatizó la importancia de avanzar en comunidad contra esta amenaza compartida: No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía, sí les solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo, individualmente es prácticamente imposible. Fuente: Publimetro
La familia de Alejandro, el niño de 12 años que perdió la vida tras una violenta encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo, ha dado a conocer una propuesta legislativa que lleva por nombre “Ley Alejandro”. Esta iniciativa tiene como objetivo principal endurecer las penas para aquellos que participen en delitos violentos cometidos en grupo y fortalecer el apoyo a las víctimas. Los padres del menor presentaron públicamente la propuesta durante una conferencia de prensa, donde reiteraron su búsqueda de justicia y expresaron su deseo de que la muerte de su hijo marque un punto de inflexión en la forma en que el Estado aborda este tipo de crímenes. De acuerdo con sus declaraciones, uno de los principales propósitos del proyecto es garantizar que los responsables de encerronas, portonazos y otros delitos de alta connotación social reciban penas efectivas de cárcel, sin posibilidad de acceder a beneficios que reduzcan o sustituyan las condenas. La familia argumenta que las leyes actuales no siempre reflejan la gravedad de los hechos ni el daño causado a las víctimas. El padre de Alejandro mencionó que, aunque ninguna sanción podrá reparar la pérdida de su hijo, es crucial que aquellos involucrados en el delito enfrenten las penas máximas establecidas por la ley. Asimismo, destacó la importancia de revisar diversos aspectos del sistema penal para fortalecer la respuesta ante actos de extrema violencia. Otro aspecto fundamental de la propuesta es la revisión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los familiares sostienen que el marco normativo actual necesita ajustes para abordar con mayor eficacia los casos en los que menores participan en delitos graves con consecuencias fatales. Además del endurecimiento de las sanciones, la iniciativa contempla medidas de apoyo para las familias afectadas por actos violentos. Entre ellas se encuentra la creación de una pensión provisoria destinada a las víctimas directas o a sus familiares, con el fin de facilitar el proceso de duelo y hacer frente a las repercusiones económicas derivadas de estos eventos. Al concluir la presentación, la familia hizo un llamado para que “no se olvide a Alejandro. Que su historia sirva para generar cambios reales y para que ningún niño más pierda la vida por culpa de esta delincuencia”, según informó T13. La propuesta también ha recibido el respaldo del presidente José Antonio Kast, quien expresó públicamente su apoyo a la denominada “Ley Alejandro” y anunció una reunión con la familia del menor y otros familiares de víctimas de delitos violentos. “Tenemos que abordarlo de manera integral. Hemos estado conversando con los distintos parlamentarios que han presentado iniciativas legales”, afirmó el mandatario. Fuente: Publimetro
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este martes 30 de junio que la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo de 2026 experimentó un aumento, alcanzando un 9,4%. Según el INE, en el último año se observó un incremento de 0,5 puntos porcentuales debido al aumento de la fuerza laboral en un 1,3%, superando el crecimiento de las personas empleadas que fue del 0,8%. En cuanto a las personas desempleadas, se registró un aumento del 6,9%, influenciado por aquellos que estaban cesantes (5,9%) y por quienes buscaban trabajo por primera vez (16,4%). El organismo también señaló que la tasa de participación se situó en 62,4%, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Por otro lado, la tasa de ocupación fue del 56,5%, disminuyendo en 0,1 puntos porcentuales en el mismo período. La población fuera de la fuerza laboral aumentó un 0,2%, impulsada tanto por las personas inactivas habituales como por las potencialmente activas. En cuanto a las mujeres, la tasa de desempleo alcanzó el 10,5%, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales debido al incremento del 2,0% en la fuerza laboral. Las desempleadas aumentaron un 6,5%, destacando las cesantes (6,0%) y aquellas que buscaban trabajo por primera vez (10,5%). Las tasas de participación y ocupación femeninas fueron del 53,6% y 48,0%, respectivamente, con aumentos de 0,6 y 0,3 puntos porcentuales. Por otro lado, las mujeres fuera de la fuerza laboral disminuyeron un 0,4%. En cuanto a los hombres, la tasa de desocupación fue del 8,6%, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior debido al incremento del 0,8% en la fuerza laboral. Los desempleados aumentaron un 7,3%, destacando los cesantes (5,8%) y aquellos que buscaban trabajo por primera vez (24,1%). Las tasas de participación y ocupación masculinas fueron del 71,6% y 65,5%, respectivamente, con disminuciones de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales. Los hombres fuera de la fuerza laboral aumentaron un 1.2%. Fuente: Publimetro
El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció la reapertura del sumario administrativo relacionado con el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Esta medida tiene como objetivo revisar la investigación administrativa que fue sobreseída durante el gobierno de Gabriel Boric, con la finalidad de determinar posibles irregularidades en la tramitación de estos beneficios. Según Pavez, La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Esto se produce porque, cuando los sumarios administrativos terminan, hay que llevarlos a la Contraloría para la toma de razón. El ministro subrogante explicó que esta decisión se debe a que la Contraloría identificó dificultades en el sumario anterior, por lo que es una orden directa de dicho organismo. En relación a posibles sanciones, Pavez afirmó que el Ejecutivo cumplirá con la instrucción y buscará establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Además, señaló que el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social. Respecto a los tiempos del proceso, Máximo Pavez aclaró que la reapertura del sumario administrativo y la revisión de las pensiones son procedimientos distintos. El sumario es un sumario administrativo que tenemos que reaperturar. Hay una fiscal designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea, agregó. En cuanto a la revisión de los beneficios, Pavez mencionó que una vez esté lista se comunicará a la opinión pública. Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
En un dictamen calificado como un hito inédito en la historia judicial del mundo, la justicia chilena dictó este 30 de junio una sentencia condena contra un juez y un general en retiro por diseñar y ejecutar una operación de espionaje ilegal orientada a intervenir las comunicaciones de un periodista de investigación. El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago sentenció a cinco años de cárcel y a la pérdida de derechos políticos a perpetuidad a Juan Poblete, expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, y a Shafik Nazal, general en retiro y otrora director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). La resolución se adoptó mediante un procedimiento de juicio abreviado, luego de que ambos exfuncionarios estatales reconocieran su culpabilidad y la totalidad de los hechos acusados, tras haber permanecido más de dos años bajo la medida de prisión preventiva. Como parte de la sentencia, ambos cumplirán la pena bajo el régimen del libertad vigilada intensiva, dejando atrás las medidas cautelares de arresto domiciliario total que pesaban sobre ellos. Los antecedentes del caso demuestran que las interceptaciones telefónicas ilícitas se perpetraron durante el año 2017. En aquel periodo, el periodista Mauricio Weibel Barahona lideraba una serie de publicaciones sobre corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, coloquialmente conocidas como “Milicogate”, donde destapaba fraudes en los procesos de compras de armamento de guerra. Para consumar el espionaje sin levantar las alarmas del sistema regulatorio, el juez Poblete y el general Nazal idearon una trampa procesal: Esta agresión a la libertad de prensa fue descubierta dos años más tarde, en 2019, gracias a la revelación anónima de un funcionario de inteligencia a un medio escrito. Tras destaparse el escándalo, el proceso penal enfrentó diversas complejidades, incluyendo el hecho de que tres ministros de Defensa de la época defendieron el actuar de las agencias de inteligencia ante el Congreso Pleno. El término del proceso judicial provocó inmediatas reacciones en el ecosistema de medios y en organismos de derechos humanos. Los abogados del periodista, Karinna Fernández y Cristián Cruz, valoraron que el fallo recoja los estándares de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, reafirmando que quienes investigan actuaciones indebidas no deben ser blanco de hostigamientos. “Cuando se interviene el teléfono de un periodista que investiga, se interviene la democracia misma”, recalcó Fernández. Asimismo, la Universidad de Columbia, a través de un informe legal ( amicus curiae) presentado en la causa, alertó sobre la preocupante tendencia regional del uso arbitrario de tecnologías de vigilancia estatal, las cuales vulneran gravemente el derecho a la privacidad y fomentan la autocensura de las fuentes. Por su parte, el periodista Mauricio Weibel celebró el dictamen inapelable señalando que constituye un muro contra la impunidad de los ataques a la prensa. “Este fallo constituye una señal clara de que no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas, ni siquiera para un juez o un general”, concluyó al cierre la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la cumbre del Mercosur celebrada este martes 30 de junio, el Presidente José Antonio Kast hizo hincapié en la grave problemática del crimen organizado, comparándolo con un terremoto capaz de cobrar más vidas que desastres naturales. En sus palabras, el mandatario afirmó que el crimen organizado es un terremoto más lento y silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que perdieron su vida en el terremoto en Venezuela. Expresó su preocupación ante la falta de integración efectiva debido a la presencia de rutas comerciales controladas por grupos criminales. Ante esta situación, el Presidente Kast instó a sus pares latinoamericanos a unirse en un esfuerzo conjunto para hacer frente al crimen organizado. Propuso la realización de una cumbre exclusiva para abordar este tema crucial. En sus palabras finales, Kast enfatizó la importancia de avanzar en comunidad contra esta amenaza compartida: No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía, sí les solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo, individualmente es prácticamente imposible. Fuente: Publimetro
