La última medición de la encuesta Plaza Pública Cadem reflejó un contundente desplome en la evaluación del ministro de Justicia, Fernando Rabat. El estudio de opinión pública arrojó un 77% de desaprobación a su desempeño en el cargo, contando con apenas un 12% de aprobación. El impacto político salpicó directamente al Palacio de La Moneda, ya que un 64% de los encuestados manifestó su desacuerdo con la determinación del presidente José Antonio Kast de ratificar al secretario de Estado para encabezar las modificaciones normativas. La desaprobación ciudadana responde al masivo rechazo que generan los beneficios penitenciarios concedidos a sentenciados por delitos sexuales contra menores, donde un 94% de los consultados se manifestó en contra de las rebajas de condena y un 90% afirmó que estos condenados jamás deberían acceder a reducciones de pena. Este escenario cobró mayor fuerza tras la investigación periodística de BBCL Investiga, la cual identificó a 33 pederastas beneficiados bajo la actual administración. Asimismo, la encuesta Cadem reveló que un 79% de los ciudadanos considera que Rabat no estaba legalmente obligado a firmar los decretos, mientras que un 72% estimó como insuficientes las explicaciones públicas entregadas por el mandatario. Los decretos a extorsionadores vinculados al Tren de Aragua abren un nuevo flanco La controversia en el Ministerio de Justicia sumó un nuevo antecedente tras revelarse que la aplicación de los beneficios penitenciarios no se limitó a agresores sexuales. Una investigación del medio Interferencia expuso que tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas obtuvieron reducciones de condena mediante decretos firmados por Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva. Los delincuentes integraban una banda detenida en La Serena en diciembre de 2021 por extorsionar a mujeres migrantes a cambio de permitirles ejercer el comercio sexual, presentándose explícitamente ante sus víctimas como miembros del Tren de Aragua. A pesar de haber sido sentenciados en agosto de 2022 a cinco años y un día de presidio, los decretos otorgaron una rebaja de nueve meses a Franyorkin Aramburu Hernández y tres meses a Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi. La aplicación de la denominada “Doctrina Rabat”. fundamentada en la interpretación de que el Ejecutivo no puede denegar el beneficio si se cumplen los requisitos formales, permitió que Marott y Ollarves quedaran en libertad anticipada en septiembre de 2026. Lo anterior ocurrió pese a que Aramburu registraba faltas al régimen penitenciario y mantenía rechazada su solicitud de libertad condicional, habiéndose firmado los documentos tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Bancada DC confirma acusación constitucional y exige la renuncia de las autoridades Frente a la acumulación de antecedentes, el escenario en el Congreso Nacional dio un giro decisivo. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, confirmó que los parlamentarios de su colectividad acordaron actuar de manera coordinada con la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Al argumentar la postura de la bancada, el diputado Díaz sostuvo que “En la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”. El parlamentario enfatizó el impacto de estas decisiones en los compromisos gubernamentales en materia de seguridad e infancia. En esa línea, Díaz aseveró que “El presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, el presidente se comprometió a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”. De igual forma, el jefe de la bancada falangista ratificó el acuerdo opositor manifestando que “La bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha tomado una decisión importante de avanzar junto con la oposición para que esto pueda prosperar”. Finalmente, el legislador demandó la salida inmediata de las máximas autoridades de la cartera declarando que “ El ministro Rabat y el subsecretario Silva no se pueden mantener en los cargos y, más aún, la infracción que han cometido y el error que han cometido debe también ser meritorio de una acusación constitucional”. Fuente: Publimetro
La Bolsa de Santiago sufrió una jornada de fuertes pérdidas este jueves, marcando su mayor caída desde mayo. Este descenso se produjo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de junio. Esta sesión se convirtió en la peor desde el 13 de mayo. De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las pérdidas afectaron a las principales empresas del mercado chileno. De las 31 acciones que conforman el índice, solo cinco lograron cerrar con ganancias. Entre las compañías que más influyeron en la caída se encuentran SQM-B (-3,2%), Copec (-2,9%), Bci (-2,6%), Santander (-2,5%) y Banco de Chile (-2,3%). Además, el IPSA medido en dólares ha alcanzado mínimos del año debido a la significativa depreciación del peso chileno.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, ha generado controversia a nivel nacional luego de que se revelara que su cartera concedió un total de 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026. Estas rebajas beneficiaron a 27 personas condenadas por abuso sexual y a 29 por violación de menores, lo que resultó en la liberación de la mayoría de los implicados. Incluso se confirmó que al menos dos internos del penal Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad como tortura y secuestro, también se vieron favorecidos por esta medida. La noticia, difundida en el programa Meganoticias Prime, desató un intenso debate público debido a las modificaciones legales implementadas en 2022, las cuales excluyen específicamente a los condenados por delitos sexuales contra menores de cualquier reducción en sus penas. Frente a las críticas recibidas, el ministro Rabat defendió la legalidad de los decretos emitidos durante su gestión en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según sus declaraciones, la reforma normativa del 2022 no puede aplicarse retroactivamente en detrimento de aquellos condenados cuyas sentencias fueron dictadas antes de dicha fecha, respaldándose en garantías constitucionales y en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. Rabat argumentó que las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia se ajustaron rigurosamente a la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales. Por lo tanto, afirmó rotundamente que no existen fundamentos legales para iniciar una acusación constitucional por simplemente cumplir con la ley. A pesar de las explicaciones brindadas por el ministro, sectores tanto de la oposición como del oficialismo expresaron su descontento. Figuras políticas como Karla Rubilar exigieron disculpas públicas, solicitaron la renuncia del ministro y llamaron a considerar medidas parlamentarias al respecto. Con el objetivo de evitar futuras situaciones consideradas como un vacío legal, el Gobierno anunció la presentación de proyectos de ley con suma urgencia, buscando cerrar posibles lagunas normativas y prevenir la repetición de este tipo
Una investigación de seis años por presuntos delitos de propiedad intelectual y lavado de activos permitió la detención de 16 personas en las regiones Metropolitana y de La Araucanía. La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a retransmitir señales de televisión digital sin autorización. Esta actividad habría generado movimientos de dinero superiores a los $4.500 millones, canalizados mediante distintas plataformas de pago. Durante el operativo, los equipos policiales ingresaron a 14 domicilios e incautaron vehículos y una avioneta, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el funcionamiento de la presunta organización. La investigación considera posibles maniobras de lavado de activos y eventuales delitos relacionados con la propiedad intelectual.
En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, este martes se rechazó, tras un triple empate, la partida destinada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La votación se produjo en medio de las emergencias que han afectado a distintas zonas del país y de los cuestionamientos sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos destinados a enfrentar catástrofes. Pese al rechazo registrado este martes, la partida aún podría ser repuesta durante su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 senadores y 13 diputados, instancia en la que el Gobierno cuenta con mayoría. Pese a ello, la restitución de los recursos podría abrir un nuevo debate debido a que el Gobierno ha argumentado que muchos de los recursos recortados a Senapred correspondían a fondos que no habían sido postulados desde el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del servicio. Desde la oposición, en cambio, han planteado que el Ejecutivo debería asignar y ejecutar directamente esos recursos, en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de los municipios. En caso de que la partida vuelva a ser rechazada durante la discusión en Sala, el reglamento contempla que se mantenga la propuesta ingresada originalmente por el Gobierno. Por ello, todavía existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Sobre esto se refirió el senador Renzo Trisotti (REP), quien indicó que si se miran las partidas de manera integral, se evidencia un aumento marginal. “Por lo tanto, uno esperaría que se tome en consideración esto”, señaló. “Por supuesto que todos queremos más recursos para un año que ha sido especialmente complejo. Lamentablemente, se gana con votos y espero que durante el resto de la tramitación podamos llegar a un acuerdo en que estén todos los recursos, pero con mucha eficiencia”, explicó.
La última medición de la encuesta Plaza Pública Cadem reflejó un contundente desplome en la evaluación del ministro de Justicia, Fernando Rabat. El estudio de opinión pública arrojó un 77% de desaprobación a su desempeño en el cargo, contando con apenas un 12% de aprobación. El impacto político salpicó directamente al Palacio de La Moneda, ya que un 64% de los encuestados manifestó su desacuerdo con la determinación del presidente José Antonio Kast de ratificar al secretario de Estado para encabezar las modificaciones normativas. La desaprobación ciudadana responde al masivo rechazo que generan los beneficios penitenciarios concedidos a sentenciados por delitos sexuales contra menores, donde un 94% de los consultados se manifestó en contra de las rebajas de condena y un 90% afirmó que estos condenados jamás deberían acceder a reducciones de pena. Este escenario cobró mayor fuerza tras la investigación periodística de BBCL Investiga, la cual identificó a 33 pederastas beneficiados bajo la actual administración. Asimismo, la encuesta Cadem reveló que un 79% de los ciudadanos considera que Rabat no estaba legalmente obligado a firmar los decretos, mientras que un 72% estimó como insuficientes las explicaciones públicas entregadas por el mandatario. Los decretos a extorsionadores vinculados al Tren de Aragua abren un nuevo flanco La controversia en el Ministerio de Justicia sumó un nuevo antecedente tras revelarse que la aplicación de los beneficios penitenciarios no se limitó a agresores sexuales. Una investigación del medio Interferencia expuso que tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas obtuvieron reducciones de condena mediante decretos firmados por Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva. Los delincuentes integraban una banda detenida en La Serena en diciembre de 2021 por extorsionar a mujeres migrantes a cambio de permitirles ejercer el comercio sexual, presentándose explícitamente ante sus víctimas como miembros del Tren de Aragua. A pesar de haber sido sentenciados en agosto de 2022 a cinco años y un día de presidio, los decretos otorgaron una rebaja de nueve meses a Franyorkin Aramburu Hernández y tres meses a Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi. La aplicación de la denominada “Doctrina Rabat”. fundamentada en la interpretación de que el Ejecutivo no puede denegar el beneficio si se cumplen los requisitos formales, permitió que Marott y Ollarves quedaran en libertad anticipada en septiembre de 2026. Lo anterior ocurrió pese a que Aramburu registraba faltas al régimen penitenciario y mantenía rechazada su solicitud de libertad condicional, habiéndose firmado los documentos tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Bancada DC confirma acusación constitucional y exige la renuncia de las autoridades Frente a la acumulación de antecedentes, el escenario en el Congreso Nacional dio un giro decisivo. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, confirmó que los parlamentarios de su colectividad acordaron actuar de manera coordinada con la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Al argumentar la postura de la bancada, el diputado Díaz sostuvo que “En la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”. El parlamentario enfatizó el impacto de estas decisiones en los compromisos gubernamentales en materia de seguridad e infancia. En esa línea, Díaz aseveró que “El presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, el presidente se comprometió a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”. De igual forma, el jefe de la bancada falangista ratificó el acuerdo opositor manifestando que “La bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha tomado una decisión importante de avanzar junto con la oposición para que esto pueda prosperar”. Finalmente, el legislador demandó la salida inmediata de las máximas autoridades de la cartera declarando que “ El ministro Rabat y el subsecretario Silva no se pueden mantener en los cargos y, más aún, la infracción que han cometido y el error que han cometido debe también ser meritorio de una acusación constitucional”. Fuente: Publimetro
La Bolsa de Santiago sufrió una jornada de fuertes pérdidas este jueves, marcando su mayor caída desde mayo. Este descenso se produjo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de junio. Esta sesión se convirtió en la peor desde el 13 de mayo. De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las pérdidas afectaron a las principales empresas del mercado chileno. De las 31 acciones que conforman el índice, solo cinco lograron cerrar con ganancias. Entre las compañías que más influyeron en la caída se encuentran SQM-B (-3,2%), Copec (-2,9%), Bci (-2,6%), Santander (-2,5%) y Banco de Chile (-2,3%). Además, el IPSA medido en dólares ha alcanzado mínimos del año debido a la significativa depreciación del peso chileno.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, ha generado controversia a nivel nacional luego de que se revelara que su cartera concedió un total de 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026. Estas rebajas beneficiaron a 27 personas condenadas por abuso sexual y a 29 por violación de menores, lo que resultó en la liberación de la mayoría de los implicados. Incluso se confirmó que al menos dos internos del penal Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad como tortura y secuestro, también se vieron favorecidos por esta medida. La noticia, difundida en el programa Meganoticias Prime, desató un intenso debate público debido a las modificaciones legales implementadas en 2022, las cuales excluyen específicamente a los condenados por delitos sexuales contra menores de cualquier reducción en sus penas. Frente a las críticas recibidas, el ministro Rabat defendió la legalidad de los decretos emitidos durante su gestión en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según sus declaraciones, la reforma normativa del 2022 no puede aplicarse retroactivamente en detrimento de aquellos condenados cuyas sentencias fueron dictadas antes de dicha fecha, respaldándose en garantías constitucionales y en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. Rabat argumentó que las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia se ajustaron rigurosamente a la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales. Por lo tanto, afirmó rotundamente que no existen fundamentos legales para iniciar una acusación constitucional por simplemente cumplir con la ley. A pesar de las explicaciones brindadas por el ministro, sectores tanto de la oposición como del oficialismo expresaron su descontento. Figuras políticas como Karla Rubilar exigieron disculpas públicas, solicitaron la renuncia del ministro y llamaron a considerar medidas parlamentarias al respecto. Con el objetivo de evitar futuras situaciones consideradas como un vacío legal, el Gobierno anunció la presentación de proyectos de ley con suma urgencia, buscando cerrar posibles lagunas normativas y prevenir la repetición de este tipo
Una investigación de seis años por presuntos delitos de propiedad intelectual y lavado de activos permitió la detención de 16 personas en las regiones Metropolitana y de La Araucanía. La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a retransmitir señales de televisión digital sin autorización. Esta actividad habría generado movimientos de dinero superiores a los $4.500 millones, canalizados mediante distintas plataformas de pago. Durante el operativo, los equipos policiales ingresaron a 14 domicilios e incautaron vehículos y una avioneta, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el funcionamiento de la presunta organización. La investigación considera posibles maniobras de lavado de activos y eventuales delitos relacionados con la propiedad intelectual.
En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, este martes se rechazó, tras un triple empate, la partida destinada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La votación se produjo en medio de las emergencias que han afectado a distintas zonas del país y de los cuestionamientos sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos destinados a enfrentar catástrofes. Pese al rechazo registrado este martes, la partida aún podría ser repuesta durante su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 senadores y 13 diputados, instancia en la que el Gobierno cuenta con mayoría. Pese a ello, la restitución de los recursos podría abrir un nuevo debate debido a que el Gobierno ha argumentado que muchos de los recursos recortados a Senapred correspondían a fondos que no habían sido postulados desde el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del servicio. Desde la oposición, en cambio, han planteado que el Ejecutivo debería asignar y ejecutar directamente esos recursos, en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de los municipios. En caso de que la partida vuelva a ser rechazada durante la discusión en Sala, el reglamento contempla que se mantenga la propuesta ingresada originalmente por el Gobierno. Por ello, todavía existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Sobre esto se refirió el senador Renzo Trisotti (REP), quien indicó que si se miran las partidas de manera integral, se evidencia un aumento marginal. “Por lo tanto, uno esperaría que se tome en consideración esto”, señaló. “Por supuesto que todos queremos más recursos para un año que ha sido especialmente complejo. Lamentablemente, se gana con votos y espero que durante el resto de la tramitación podamos llegar a un acuerdo en que estén todos los recursos, pero con mucha eficiencia”, explicó.
