El Juzgado de Garantía de Concepción ha ordenado levantar el secreto bancario de las cuentas del gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), así como las de su esposa e hijos. Esta medida responde a una solicitud del Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco en el Caso Convenios, específicamente en la arista que involucra traspasos irregulares de fondos desde el Gobierno Regional a la Fundación En Ti. Una de las imputadas en este caso es Camila Polizzi. Ante esto, la solicitud de alzamiento del secreto bancario fue presentada por la fiscal María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad del Biobío. La medida también afecta al administrador regional, Iván Valenzuela. En respuesta, el gobernador Díaz manifestó su disposición a colaborar con la justicia. Asimismo, el gobernador Diaz señaló quehe tomado en conocimiento que la fiscal ha solicitado que las cuentas corrientes -cuenta de ahorro en el caso de mi hija pequeña- puedan ser conocidas y le hemos hecho llegar una autorización a la fiscal que instruye la causa para que conozca todos los antecedentes de mi señora y espero que en las próximas horas también lleguen de mis hijos debidamente firmados. Así también, Rodrigo Díaz insistió en que no tienenada que ocultar y expresó que, si se le hubiera solicitado voluntariamente, habría entregado la información sin problemas. Cualquier antecedente que se quiera conocer, tanto mío o de mi familia, siempre, siempre va a estar disponible”, añadió el gobernador. Finalmente, Díaz reiteró su compromiso con la transparencia durante todo el proceso de investigación.He tenido esa conducta desde que partió este proceso, poniendo yo voluntariamente mis antecedentes bancarios a disposición y lo voy a seguir haciendo en cualquier cosa para contribuir a esclarecer la verdad sobre estos hechos, concluyó.
La ministra Camila Vallejo salió en defensa de los polémicos comentarios del presidente Gabriel Boric tras la prisión preventiva de Luis Hermosilla, señalando que el mandatario ha mantenido un enfoque firme en situaciones similares, como en el escándalo de Democracia Viva. Vallejo recordó que “el Presidente ha sido categórico y muy duro en varias oportunidades”, destacando que ya en el pasado había calificado a los involucrados como sinvergüenzas, sin recibir entonces críticas por sus palabras. Las declaraciones de Boric, refiriéndose a Hermosilla como “un señor que se creía todopoderoso” , generaron la respuesta del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien acusó a La Moneda de matonaje y funa . Ante estas críticas, Vallejo reiteró que el presidente mantiene un solo estándar: la igualdad ante la ley, independientemente del estatus o las conexiones de los involucrados. Vallejo también hizo hincapié en que “cuando decimos caiga quien caiga, es una máxima” , y defendió la dureza del Presidente ante casos de posible corrupción. Señaló que en julio del año pasado, durante el caso Convenios, Boric había mostrado la misma firmeza al referirse a personas dentro de su propio gobierno. “Lo importante es no perder el foco de la corrupción; ahí está el tema central” , sentenció la ministra, defendiendo el enfoque del gobierno en mantener la integridad y el rigor en la persecución de delitos, sin importar los involucrados. Vallejo también abordó las críticas internas y las comparaciones con otros casos, como el del exalcalde Daniel Jadue, destacando que cada situación es distinta y requiere de una evaluación en su propio contexto. Además, defendió la prudencia del gobierno respecto a las investigaciones en curso y reafirmó que el Ministerio Público debe continuar con su trabajo de manera autónoma.
La Fiscalía ha pedido levantar el secreto bancario de las cuentas de Yanina Cárdenas Artigas, esposa del gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner, y de sus tres hijos, en el marco del Caso Convenios. La fiscal María José Aguayo, encargada de la investigación, considera esta diligencia como algo esencial para establecer si fondos entregados por el Gobierno Regional del Bío Bío (GORE Bío Bío) a la Fundación en Ti llegaron al gobernador a través de su núcleo familiar. Ante esto, según fuentes de Radio Bío Bío, el levantamiento del secreto bancario también se ha solicitado para familiares y cercanos de otros exfuncionarios públicos, incluyendo a Simón Acuña, Rodrigo Martínez, Rodrigo Alarcón y Tamara Vidal. En total, la Fiscalía ha solicitado esta medida para 14 personas, lo que ya ha sido autorizado por el juez de garantía, Carlos Aguayo. Asimismo, la orden afecta a siete entidades financieras, que deberán proporcionar información detallada sobre los productos financieros, transferencias, y cheques relacionados con estas personas desde 2021 hasta, en algunos casos, 2024. Finalmente, esta acción surge a raíz de la información obtenida por la PDI de teléfonos celulares incautados en la investigación relacionada con la Fundación en Ti, lo que llevó a la fiscal María José Aguayo a no descartar la aparición de nuevos delitos en este complejo caso.
La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (Frente Amplio), dio un paso significativo en la investigación en curso del Caso Convenios al entregar este miércoles su teléfono móvil al Ministerio Público. La entrega se realizó en completa reserva y se enmarca en el contexto de la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de ampliar la investigación hasta el 14 de octubre. Pérez acudió a las oficinas de la Fiscalía Nacional acompañada de su abogado, el penalista Gonzalo Medina, para poner a disposición de la justicia su dispositivo móvil. La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien está a cargo de las investigaciones en la capital regional. Efectivamente, hoy concurrimos a la Fiscalía, pues a más de un año del caso no hay antecedentes de delitos cometidos por la diputada Pérez y es de nuestro interés cerrar pronto la investigación respecto de su persona. Por lo mismo, a iniciativa nuestra entregamos hoy a la Fiscalía su teléfono celular para revisión. Espero que prontamente quede clara la más completa inocencia de mi representada, afirmó Gonzalo Medina en declaraciones a La Tercera. Además, desde el entorno de la parlamentaria se comunicó que las cuentas bancarias de Pérez ya han sido revisadas, sin que se hayan encontrado fondos vinculados a su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Asimismo, no se hallaron registros relacionados con Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien se encuentra en prisión preventiva por la arista TomArte del caso.
Este lunes se dio a conocer que la arquitecta Camila Ramírez, representante de la Fundación Urbanismo Social, solicitó formalmente el inicio de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora. La petición fue ingresada el pasado 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago. El origen de esta crisis se remonta a junio de 2023, cuando salió a la luz el denominadoCaso Convenios. Este escándalo provocó un cambio radical en la forma en que se gestionaban las colaboraciones público-privadas en el ámbito de la vivienda. La Fundación Urbanismo Social, una institución con 15 años de trayectoria, se vio gravemente afectada por las nuevas políticas y decisiones administrativas derivadas del caso. En un documento al que tuvo acceso La Radio, se detallan las consecuencias directas de estas medidas. Los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo , con los cuales la empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos (…), indica el texto. En vez de evaluar sus procesos administrativos y responder conforme a lo estipulado en los convenios firmados, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus organismos dependientes, así como otros órganos de la Administración del Estado con los que la solicitante había contratado, decidieron la terminación de los convenios celebrados (…) . La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otros órganos de la Administración del Estado, de terminar anticipadamente los convenios celebrados con la Fundación, tuvo un impacto devastador. La terminación anticipada de convenios cuya ejecución no había comenzado privó a la Fundación de dineros que, producto del contrato, se habían incorporado en su programación de caja , se lee en el documento. Entre los convenios afectados, se menciona uno con la Municipalidad de Santiago, firmado el 3 de julio de 2023, para el proyecto de rehabilitación de la Avenida Portales, por un monto de $121.922.433, que no fue recibido por la empresa deudora. Otro caso destacado es la terminación del convenio con el Gobierno Regional del Maule, con fecha 5 de diciembre de 2023, que implicó la restitución de $264.950.000, actualmente retenidos por resolución judicial. El documento también menciona otras terminaciones de convenios y restituciones exigidas, incluyendo uno con la Secretaría Regional Ministerio de la Vivienda de Antofagasta por $175.000.000 y varios otros por sumas significativas. Esta terminación de contratos, que no se encontraba prevista y que se hacía indispensable para evitar contraer deudas de carácter salariales o previsionales, supuso que la solicitante ha quedado obligada al pago de finiquitos por la suma de $274.807.166 .-, cantidad que actualmente es adeudada a los trabajadores, muchos de los cuales ya han iniciado las acciones judiciales destinadas a su cobro”, se consigna en el documento. Además, el caso Convenios y las acciones legales subsecuentes “generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante, lo que unido a la interposición de acciones judiciales por parte del Estado y sus instituciones, y las correspondientes medidas precautorias concedidas, significaron la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos.
El Juzgado de Garantía de Concepción ha ordenado levantar el secreto bancario de las cuentas del gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), así como las de su esposa e hijos. Esta medida responde a una solicitud del Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco en el Caso Convenios, específicamente en la arista que involucra traspasos irregulares de fondos desde el Gobierno Regional a la Fundación En Ti. Una de las imputadas en este caso es Camila Polizzi. Ante esto, la solicitud de alzamiento del secreto bancario fue presentada por la fiscal María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad del Biobío. La medida también afecta al administrador regional, Iván Valenzuela. En respuesta, el gobernador Díaz manifestó su disposición a colaborar con la justicia. Asimismo, el gobernador Diaz señaló quehe tomado en conocimiento que la fiscal ha solicitado que las cuentas corrientes -cuenta de ahorro en el caso de mi hija pequeña- puedan ser conocidas y le hemos hecho llegar una autorización a la fiscal que instruye la causa para que conozca todos los antecedentes de mi señora y espero que en las próximas horas también lleguen de mis hijos debidamente firmados. Así también, Rodrigo Díaz insistió en que no tienenada que ocultar y expresó que, si se le hubiera solicitado voluntariamente, habría entregado la información sin problemas. Cualquier antecedente que se quiera conocer, tanto mío o de mi familia, siempre, siempre va a estar disponible”, añadió el gobernador. Finalmente, Díaz reiteró su compromiso con la transparencia durante todo el proceso de investigación.He tenido esa conducta desde que partió este proceso, poniendo yo voluntariamente mis antecedentes bancarios a disposición y lo voy a seguir haciendo en cualquier cosa para contribuir a esclarecer la verdad sobre estos hechos, concluyó.
La ministra Camila Vallejo salió en defensa de los polémicos comentarios del presidente Gabriel Boric tras la prisión preventiva de Luis Hermosilla, señalando que el mandatario ha mantenido un enfoque firme en situaciones similares, como en el escándalo de Democracia Viva. Vallejo recordó que “el Presidente ha sido categórico y muy duro en varias oportunidades”, destacando que ya en el pasado había calificado a los involucrados como sinvergüenzas, sin recibir entonces críticas por sus palabras. Las declaraciones de Boric, refiriéndose a Hermosilla como “un señor que se creía todopoderoso” , generaron la respuesta del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien acusó a La Moneda de matonaje y funa . Ante estas críticas, Vallejo reiteró que el presidente mantiene un solo estándar: la igualdad ante la ley, independientemente del estatus o las conexiones de los involucrados. Vallejo también hizo hincapié en que “cuando decimos caiga quien caiga, es una máxima” , y defendió la dureza del Presidente ante casos de posible corrupción. Señaló que en julio del año pasado, durante el caso Convenios, Boric había mostrado la misma firmeza al referirse a personas dentro de su propio gobierno. “Lo importante es no perder el foco de la corrupción; ahí está el tema central” , sentenció la ministra, defendiendo el enfoque del gobierno en mantener la integridad y el rigor en la persecución de delitos, sin importar los involucrados. Vallejo también abordó las críticas internas y las comparaciones con otros casos, como el del exalcalde Daniel Jadue, destacando que cada situación es distinta y requiere de una evaluación en su propio contexto. Además, defendió la prudencia del gobierno respecto a las investigaciones en curso y reafirmó que el Ministerio Público debe continuar con su trabajo de manera autónoma.
La Fiscalía ha pedido levantar el secreto bancario de las cuentas de Yanina Cárdenas Artigas, esposa del gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz Worner, y de sus tres hijos, en el marco del Caso Convenios. La fiscal María José Aguayo, encargada de la investigación, considera esta diligencia como algo esencial para establecer si fondos entregados por el Gobierno Regional del Bío Bío (GORE Bío Bío) a la Fundación en Ti llegaron al gobernador a través de su núcleo familiar. Ante esto, según fuentes de Radio Bío Bío, el levantamiento del secreto bancario también se ha solicitado para familiares y cercanos de otros exfuncionarios públicos, incluyendo a Simón Acuña, Rodrigo Martínez, Rodrigo Alarcón y Tamara Vidal. En total, la Fiscalía ha solicitado esta medida para 14 personas, lo que ya ha sido autorizado por el juez de garantía, Carlos Aguayo. Asimismo, la orden afecta a siete entidades financieras, que deberán proporcionar información detallada sobre los productos financieros, transferencias, y cheques relacionados con estas personas desde 2021 hasta, en algunos casos, 2024. Finalmente, esta acción surge a raíz de la información obtenida por la PDI de teléfonos celulares incautados en la investigación relacionada con la Fundación en Ti, lo que llevó a la fiscal María José Aguayo a no descartar la aparición de nuevos delitos en este complejo caso.
La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (Frente Amplio), dio un paso significativo en la investigación en curso del Caso Convenios al entregar este miércoles su teléfono móvil al Ministerio Público. La entrega se realizó en completa reserva y se enmarca en el contexto de la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de ampliar la investigación hasta el 14 de octubre. Pérez acudió a las oficinas de la Fiscalía Nacional acompañada de su abogado, el penalista Gonzalo Medina, para poner a disposición de la justicia su dispositivo móvil. La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien está a cargo de las investigaciones en la capital regional. Efectivamente, hoy concurrimos a la Fiscalía, pues a más de un año del caso no hay antecedentes de delitos cometidos por la diputada Pérez y es de nuestro interés cerrar pronto la investigación respecto de su persona. Por lo mismo, a iniciativa nuestra entregamos hoy a la Fiscalía su teléfono celular para revisión. Espero que prontamente quede clara la más completa inocencia de mi representada, afirmó Gonzalo Medina en declaraciones a La Tercera. Además, desde el entorno de la parlamentaria se comunicó que las cuentas bancarias de Pérez ya han sido revisadas, sin que se hayan encontrado fondos vinculados a su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Asimismo, no se hallaron registros relacionados con Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien se encuentra en prisión preventiva por la arista TomArte del caso.
Este lunes se dio a conocer que la arquitecta Camila Ramírez, representante de la Fundación Urbanismo Social, solicitó formalmente el inicio de un procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora. La petición fue ingresada el pasado 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago. El origen de esta crisis se remonta a junio de 2023, cuando salió a la luz el denominadoCaso Convenios. Este escándalo provocó un cambio radical en la forma en que se gestionaban las colaboraciones público-privadas en el ámbito de la vivienda. La Fundación Urbanismo Social, una institución con 15 años de trayectoria, se vio gravemente afectada por las nuevas políticas y decisiones administrativas derivadas del caso. En un documento al que tuvo acceso La Radio, se detallan las consecuencias directas de estas medidas. Los distintos órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo , con los cuales la empresa deudora mantenía convenios de transferencias de dineros respondieron paralizando virtualmente sus actividades, lo que se tradujo en situaciones tales como inconsistencias respecto a las respuestas entre Serviu y Seremi; silencio administrativo de las contrapartes técnicas de organismos públicos; paralización de la revisión de las rendiciones mensuales que se ingresaban para dar cuenta del uso de los recursos (…), indica el texto. En vez de evaluar sus procesos administrativos y responder conforme a lo estipulado en los convenios firmados, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus organismos dependientes, así como otros órganos de la Administración del Estado con los que la solicitante había contratado, decidieron la terminación de los convenios celebrados (…) . La decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otros órganos de la Administración del Estado, de terminar anticipadamente los convenios celebrados con la Fundación, tuvo un impacto devastador. La terminación anticipada de convenios cuya ejecución no había comenzado privó a la Fundación de dineros que, producto del contrato, se habían incorporado en su programación de caja , se lee en el documento. Entre los convenios afectados, se menciona uno con la Municipalidad de Santiago, firmado el 3 de julio de 2023, para el proyecto de rehabilitación de la Avenida Portales, por un monto de $121.922.433, que no fue recibido por la empresa deudora. Otro caso destacado es la terminación del convenio con el Gobierno Regional del Maule, con fecha 5 de diciembre de 2023, que implicó la restitución de $264.950.000, actualmente retenidos por resolución judicial. El documento también menciona otras terminaciones de convenios y restituciones exigidas, incluyendo uno con la Secretaría Regional Ministerio de la Vivienda de Antofagasta por $175.000.000 y varios otros por sumas significativas. Esta terminación de contratos, que no se encontraba prevista y que se hacía indispensable para evitar contraer deudas de carácter salariales o previsionales, supuso que la solicitante ha quedado obligada al pago de finiquitos por la suma de $274.807.166 .-, cantidad que actualmente es adeudada a los trabajadores, muchos de los cuales ya han iniciado las acciones judiciales destinadas a su cobro”, se consigna en el documento. Además, el caso Convenios y las acciones legales subsecuentes “generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante, lo que unido a la interposición de acciones judiciales por parte del Estado y sus instituciones, y las correspondientes medidas precautorias concedidas, significaron la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos.
