La Comisión de Ciencias de la Cámara ha rechazado por falta de quorum el proyecto presentado por parlamentarios de oposición que buscaba modificar el procedimiento de cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Como resultado, la propuesta será enviada a la Sala con un informe negativo. El objetivo del proyecto era establecer un marco para que la Tesorería General de la República pudiera ofrecer facilidades de pago y negociar acuerdos con deudores morosos, teniendo en cuenta la situación económica de aquellos que enfrentan cobros relacionados con el crédito universitario. La modificación propuesta tenía como finaliviar el procedimiento de cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado, adaptándolo a la capacidad real de pago de las personas, enmienda que afectaría a la Ley 20.027, que regula el financiamiento de estudios superiores. Una de las principales disposiciones era permitir diferentes regímenes para los deudores con ingresos inferiores a $5 millones, además de proponer que el monto inicial y las cuotas mensuales se determinaran considerando los ingresos y gastos individuales. Dichos montos debían fijarse siguiendo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, con el objetivo deconciliar la recaudación fiscal con la efectividad del cumplimiento del acuerdo. Además, el proyecto permitía a los deudores solicitar modificaciones en sus acuerdos si experimentaban cambios significativos en su situación económica, siempre y cuando pudieran demostrarlos adecuadamente. A pesar del rechazo en comisión, la discusión continuará en la Sala, donde los parlamentarios deberán pronunciarse sobre una iniciativa que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los cobros, acuerdos y embargos relacionados con el CAE. Fuente: ADN Radio Nacional
La discusión en torno al futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue siendo tema de debate en Chile. En esta ocasión, una reciente encuesta realizada por Plaza Pública Cadem reveló que la mayoría de los consultados respalda las medidas de cobro propuestas por la Tesorería General de la República (TGR) contra aquellos que no han saldado sus deudas a pesar de tener altos ingresos mensuales. De acuerdo con el sondeo, un 54% de los encuestados está a favor de que la TGR embargue las cuentas bancarias de los deudores del CAE que ganan más de $3,5 millones al mes. Por otro lado, un 41% expresó su desacuerdo con este tipo de acciones. Los resultados también reflejan una postura mayoritaria a favor del pago de las deudas. Un 53% considera que los beneficiarios del crédito deben cumplir con sus obligaciones, ya que recibieron apoyo estatal para financiar sus estudios superiores. En contraste, un 43% opina que debería haber una condonación total o parcial debido a las críticas históricas hacia el sistema. El respaldo ciudadano se extiende a otras medidas para recuperar recursos. Un 79% está a favor de que el Estado ofrezca acuerdos de pago para los deudores con mayores ingresos, mientras que un 70% apoya la posibilidad de cobrar las obligaciones pendientes a través de procesos judiciales o administrativos. Uno de los puntos sensibles abordados por la encuesta fue el impacto de la promesa electoral hecha por el Presidente Gabriel Boric durante la campaña presidencial de 2021, donde planteó la opción de condonar la deuda del CAE. Frente a la afirmación de que muchas personas dejaron de pagar el crédito esperando que se cumpliera dicha promesa, un 67% estuvo de acuerdo, mientras que un 27% lo rechazó. Estos resultados surgen en medio del debate sobre la reforma en el financiamiento de la educación superior y el futuro de los miles de personas endeudadas con el Estado, una discusión que continúa generando divisiones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía. Fuente: Publimetro
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se pronunció públicamente sobre la controversia surgida por los embargos a cuentas bancarias realizados por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sus declaraciones tuvieron lugar el 11 de junio durante la presentación de su nuevo libro titulado “La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó”, obra centrada en los ciclos financieros y sociales ocurridos en Chile entre 2019 y 2024. Cuando se le consultó sobre el proceso de retención de fondos llevado a cabo por el ente fiscalizador, el economista decidió no emitir un juicio de valor directo ni opinar sobre la estrategia adoptada por el Gobierno actual. Marcel expresó claramente su decisión de no dar una opinión personal o política acerca de las acciones tomadas por la administración central en este asunto. Sin embargo, el exministro de Hacienda hizo una aclaración técnica sobre los argumentos legales que han sido discutidos en el debate. En sus palabras: “Quisiera en eso dejar claro que la ley de cumplimiento tributario se hizo para el cobro de las deudas tributarias o agilizar los procedimientos tributarios. La norma que se está citando está en el código tributario, así que no es algo ni que se haya pensado eh para aplicarse a otras materias”. Marcel señaló que la normativa invocada para respaldar los embargos pertenece originalmente al Código Tributario, descartando que haya sido diseñada para ser utilizada en temas distintos a la recaudación fiscal propiamente dicha. En cuanto a la validez legal del método implementado por la Tesorería para perseguir los saldos pendientes de los profesionales, el exsecretario de Estado optó por no emitir una opinión jurídica definitiva. Marcel afirmó que corresponderá a los expertos en derecho y a los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República evaluar si estas medidas punitivas son correctas o irregulares. Por último, el autor del libro enfatizó que las acciones a corto plazo destinadas a reprogramar las deudas o llevar a cabo cobranzas coercitivas resultan insuficientes para abordar integralmente el problema. Marcel concluyó afirmando que: “el tema del financiamiento de los estudiantes, más allá de lo que se puede hacer en el corto plazo en materia de cobranza, reprogramación, etcétera, requiere de todas maneras una solución más de fondo y ojalá que pueda abrirse esa discusión legislativa”. Fuente: ADN Radio Nacional
La Tesorería General de la República (TGR) ha iniciado medidas coactivas contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Esta acción afecta a un grupo inicial de 1.340 casos a nivel nacional que no han regularizado su situación después de recibir notificaciones. Las medidas incluyen la retención de fondos en cuentas bancarias, inversiones y activos como vehículos o inmuebles. Estas acciones judiciales y administrativas se están llevando a cabo después de que venciera el plazo de notificación que comenzó el 6 de abril. El objetivo es recuperar recursos fiscales mediante el embargo de activos. Según la TGR, el proceso no se limita solo a bienes físicos como vehículos o propiedades, sino que se enfoca en la retención de bienes financieros, incluyendo el congelamiento de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos. La estrategia está dirigida hacia un grupo crítico de 1.340 personas con altos ingresos que, a pesar de haber sido notificadas formalmente, siguen manteniendo sus obligaciones impagas. En lo que va del año 2026, la gestión de cobro de la TGR ha logrado recuperar más de $20 mil millones. Durante el mes de abril, se observó una aceleración en las regularizaciones con la firma de 7.500 nuevos convenios, lo que significó un ingreso de $8.400 millones a las arcas fiscales en un solo mes. En cuanto a los deudores con ingresos superiores a los $5 millones, el fisco ya ha recaudado $2.400 millones a través de pagos totales o parciales realizados fuera de convenios. Para aquellos deudores con ingresos inferiores al umbral establecido, la institución ha implementado un sistema de facilidades de pago desde el 1 de abril. Fuente: CNN Chile País
La Tesorería General de la República (TGR) ha logrado recaudar más de $8.300 millones en el mes de abril, como parte de una campaña para cobrar a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), según informó el gobierno. Estos resultados confirman la tendencia al alza en la regularización de las deudas del CAE, alcanzando un total de más de $12.800 millones en 2026. La TGR destaca que estos resultados evidencian una mayor disposición de las personas a regularizar su situación. La Tesorería ha intensificado la campaña enviando correos electrónicos a los deudores del CAE con información sobre las modalidades de pago, buscando evitar acciones legales contra los morosos. Según el organismo, la cartera morosa del CAE asciende a más de 550 mil personas, con una deuda total que supera los $4 billones. Más de 70.000 personas tienen deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000, lo que facilita su pronta regularización. Las deudas del CAE están concentradas principalmente en la Región Metropolitana, con más de 210.000 personas y una deuda superior a $239.000 millones. Le siguen las regiones del Biobío y Valparaíso, con más de 50.000 y 57.000 casos respectivamente y montos entre $65.000 millones y $56.000 millones. En tanto, las regiones del Maule y La Araucanía cuentan con 25.000 y 22.000 personas endeudadas y niveles de deuda por encima de los $28.000 millones y $25.000 millones, respectivamente. Esta distribución refleja la concentración poblacional del país y permite enfocar los esfuerzos en aquellas zonas con mayor cantidad de deudores. Fuente: Publimetro
La Comisión de Ciencias de la Cámara ha rechazado por falta de quorum el proyecto presentado por parlamentarios de oposición que buscaba modificar el procedimiento de cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Como resultado, la propuesta será enviada a la Sala con un informe negativo. El objetivo del proyecto era establecer un marco para que la Tesorería General de la República pudiera ofrecer facilidades de pago y negociar acuerdos con deudores morosos, teniendo en cuenta la situación económica de aquellos que enfrentan cobros relacionados con el crédito universitario. La modificación propuesta tenía como finaliviar el procedimiento de cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado, adaptándolo a la capacidad real de pago de las personas, enmienda que afectaría a la Ley 20.027, que regula el financiamiento de estudios superiores. Una de las principales disposiciones era permitir diferentes regímenes para los deudores con ingresos inferiores a $5 millones, además de proponer que el monto inicial y las cuotas mensuales se determinaran considerando los ingresos y gastos individuales. Dichos montos debían fijarse siguiendo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, con el objetivo deconciliar la recaudación fiscal con la efectividad del cumplimiento del acuerdo. Además, el proyecto permitía a los deudores solicitar modificaciones en sus acuerdos si experimentaban cambios significativos en su situación económica, siempre y cuando pudieran demostrarlos adecuadamente. A pesar del rechazo en comisión, la discusión continuará en la Sala, donde los parlamentarios deberán pronunciarse sobre una iniciativa que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los cobros, acuerdos y embargos relacionados con el CAE. Fuente: ADN Radio Nacional
La discusión en torno al futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue siendo tema de debate en Chile. En esta ocasión, una reciente encuesta realizada por Plaza Pública Cadem reveló que la mayoría de los consultados respalda las medidas de cobro propuestas por la Tesorería General de la República (TGR) contra aquellos que no han saldado sus deudas a pesar de tener altos ingresos mensuales. De acuerdo con el sondeo, un 54% de los encuestados está a favor de que la TGR embargue las cuentas bancarias de los deudores del CAE que ganan más de $3,5 millones al mes. Por otro lado, un 41% expresó su desacuerdo con este tipo de acciones. Los resultados también reflejan una postura mayoritaria a favor del pago de las deudas. Un 53% considera que los beneficiarios del crédito deben cumplir con sus obligaciones, ya que recibieron apoyo estatal para financiar sus estudios superiores. En contraste, un 43% opina que debería haber una condonación total o parcial debido a las críticas históricas hacia el sistema. El respaldo ciudadano se extiende a otras medidas para recuperar recursos. Un 79% está a favor de que el Estado ofrezca acuerdos de pago para los deudores con mayores ingresos, mientras que un 70% apoya la posibilidad de cobrar las obligaciones pendientes a través de procesos judiciales o administrativos. Uno de los puntos sensibles abordados por la encuesta fue el impacto de la promesa electoral hecha por el Presidente Gabriel Boric durante la campaña presidencial de 2021, donde planteó la opción de condonar la deuda del CAE. Frente a la afirmación de que muchas personas dejaron de pagar el crédito esperando que se cumpliera dicha promesa, un 67% estuvo de acuerdo, mientras que un 27% lo rechazó. Estos resultados surgen en medio del debate sobre la reforma en el financiamiento de la educación superior y el futuro de los miles de personas endeudadas con el Estado, una discusión que continúa generando divisiones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía. Fuente: Publimetro
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se pronunció públicamente sobre la controversia surgida por los embargos a cuentas bancarias realizados por la Tesorería General de la República (TGR) contra deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sus declaraciones tuvieron lugar el 11 de junio durante la presentación de su nuevo libro titulado “La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó”, obra centrada en los ciclos financieros y sociales ocurridos en Chile entre 2019 y 2024. Cuando se le consultó sobre el proceso de retención de fondos llevado a cabo por el ente fiscalizador, el economista decidió no emitir un juicio de valor directo ni opinar sobre la estrategia adoptada por el Gobierno actual. Marcel expresó claramente su decisión de no dar una opinión personal o política acerca de las acciones tomadas por la administración central en este asunto. Sin embargo, el exministro de Hacienda hizo una aclaración técnica sobre los argumentos legales que han sido discutidos en el debate. En sus palabras: “Quisiera en eso dejar claro que la ley de cumplimiento tributario se hizo para el cobro de las deudas tributarias o agilizar los procedimientos tributarios. La norma que se está citando está en el código tributario, así que no es algo ni que se haya pensado eh para aplicarse a otras materias”. Marcel señaló que la normativa invocada para respaldar los embargos pertenece originalmente al Código Tributario, descartando que haya sido diseñada para ser utilizada en temas distintos a la recaudación fiscal propiamente dicha. En cuanto a la validez legal del método implementado por la Tesorería para perseguir los saldos pendientes de los profesionales, el exsecretario de Estado optó por no emitir una opinión jurídica definitiva. Marcel afirmó que corresponderá a los expertos en derecho y a los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República evaluar si estas medidas punitivas son correctas o irregulares. Por último, el autor del libro enfatizó que las acciones a corto plazo destinadas a reprogramar las deudas o llevar a cabo cobranzas coercitivas resultan insuficientes para abordar integralmente el problema. Marcel concluyó afirmando que: “el tema del financiamiento de los estudiantes, más allá de lo que se puede hacer en el corto plazo en materia de cobranza, reprogramación, etcétera, requiere de todas maneras una solución más de fondo y ojalá que pueda abrirse esa discusión legislativa”. Fuente: ADN Radio Nacional
La Tesorería General de la República (TGR) ha iniciado medidas coactivas contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Esta acción afecta a un grupo inicial de 1.340 casos a nivel nacional que no han regularizado su situación después de recibir notificaciones. Las medidas incluyen la retención de fondos en cuentas bancarias, inversiones y activos como vehículos o inmuebles. Estas acciones judiciales y administrativas se están llevando a cabo después de que venciera el plazo de notificación que comenzó el 6 de abril. El objetivo es recuperar recursos fiscales mediante el embargo de activos. Según la TGR, el proceso no se limita solo a bienes físicos como vehículos o propiedades, sino que se enfoca en la retención de bienes financieros, incluyendo el congelamiento de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos. La estrategia está dirigida hacia un grupo crítico de 1.340 personas con altos ingresos que, a pesar de haber sido notificadas formalmente, siguen manteniendo sus obligaciones impagas. En lo que va del año 2026, la gestión de cobro de la TGR ha logrado recuperar más de $20 mil millones. Durante el mes de abril, se observó una aceleración en las regularizaciones con la firma de 7.500 nuevos convenios, lo que significó un ingreso de $8.400 millones a las arcas fiscales en un solo mes. En cuanto a los deudores con ingresos superiores a los $5 millones, el fisco ya ha recaudado $2.400 millones a través de pagos totales o parciales realizados fuera de convenios. Para aquellos deudores con ingresos inferiores al umbral establecido, la institución ha implementado un sistema de facilidades de pago desde el 1 de abril. Fuente: CNN Chile País
La Tesorería General de la República (TGR) ha logrado recaudar más de $8.300 millones en el mes de abril, como parte de una campaña para cobrar a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), según informó el gobierno. Estos resultados confirman la tendencia al alza en la regularización de las deudas del CAE, alcanzando un total de más de $12.800 millones en 2026. La TGR destaca que estos resultados evidencian una mayor disposición de las personas a regularizar su situación. La Tesorería ha intensificado la campaña enviando correos electrónicos a los deudores del CAE con información sobre las modalidades de pago, buscando evitar acciones legales contra los morosos. Según el organismo, la cartera morosa del CAE asciende a más de 550 mil personas, con una deuda total que supera los $4 billones. Más de 70.000 personas tienen deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000, lo que facilita su pronta regularización. Las deudas del CAE están concentradas principalmente en la Región Metropolitana, con más de 210.000 personas y una deuda superior a $239.000 millones. Le siguen las regiones del Biobío y Valparaíso, con más de 50.000 y 57.000 casos respectivamente y montos entre $65.000 millones y $56.000 millones. En tanto, las regiones del Maule y La Araucanía cuentan con 25.000 y 22.000 personas endeudadas y niveles de deuda por encima de los $28.000 millones y $25.000 millones, respectivamente. Esta distribución refleja la concentración poblacional del país y permite enfocar los esfuerzos en aquellas zonas con mayor cantidad de deudores. Fuente: Publimetro
