El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha descartado la realización de una auditoría externa internacional al Estado, medida que había sido prometida durante la campaña presidencial como parte de las acciones para promover la transparencia en la gestión pública. De acuerdo con lo informado, la decisión se debe a la escasez de recursos fiscales disponibles. En el transcurso de la campaña, el Gobierno había propuesto llevar a cabo una auditoría exhaustiva al Estado, que contemplaba la participación de la Contraloría y empresas internacionales para examinar ministerios, servicios públicos y entidades estatales. El propósito de esta iniciativa era identificar posibles irregularidades, sobreprecios y contrataciones indebidas, además de transparentar el uso de los fondos públicos. A pesar de descartar la auditoría externa, el Gobierno ha dado inicio el 20 de marzo a un proceso de revisión interna, solicitando a los organismos públicos que proporcionen información sobre el uso de los recursos fiscales desde 2025 hasta marzo de 2026. Esta labor está siendo llevada a cabo por un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, cuya finalidad es elaborar un informe detallado sobre la situación financiera del Estado. La decisión ha generado críticas por parte de algunos sectores, quienes consideran que la auditoría externa era fundamental para asegurar la imparcialidad en el proceso de revisión. No obstante, desde el Gobierno argumentan que el proceso interno permitirá avanzar en el análisis del gasto público utilizando los recursos disponibles. Esta determinación se da en un contexto de restricciones fiscales, donde el Gobierno ha debido priorizar el uso eficiente de los recursos y ajustar diversas iniciativas. En este escenario, la auditoría externa —que implicaba contratar empresas internacionales— ha quedado fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo. Fuente: Publimetro
El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha descartado la realización de una auditoría externa internacional al Estado, medida que había sido prometida durante la campaña presidencial como parte de las acciones para promover la transparencia en la gestión pública. De acuerdo con lo informado, la decisión se debe a la escasez de recursos fiscales disponibles. En el transcurso de la campaña, el Gobierno había propuesto llevar a cabo una auditoría exhaustiva al Estado, que contemplaba la participación de la Contraloría y empresas internacionales para examinar ministerios, servicios públicos y entidades estatales. El propósito de esta iniciativa era identificar posibles irregularidades, sobreprecios y contrataciones indebidas, además de transparentar el uso de los fondos públicos. A pesar de descartar la auditoría externa, el Gobierno ha dado inicio el 20 de marzo a un proceso de revisión interna, solicitando a los organismos públicos que proporcionen información sobre el uso de los recursos fiscales desde 2025 hasta marzo de 2026. Esta labor está siendo llevada a cabo por un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, cuya finalidad es elaborar un informe detallado sobre la situación financiera del Estado. La decisión ha generado críticas por parte de algunos sectores, quienes consideran que la auditoría externa era fundamental para asegurar la imparcialidad en el proceso de revisión. No obstante, desde el Gobierno argumentan que el proceso interno permitirá avanzar en el análisis del gasto público utilizando los recursos disponibles. Esta determinación se da en un contexto de restricciones fiscales, donde el Gobierno ha debido priorizar el uso eficiente de los recursos y ajustar diversas iniciativas. En este escenario, la auditoría externa —que implicaba contratar empresas internacionales— ha quedado fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo. Fuente: Publimetro
