La mañana de este jueves marcó el regreso de las vacaciones presidenciales con el presidente Gabriel Boric liderando el segundo encuentro del Gabinete Pro Seguridad. La reunión, articulada para revisar la estrategia gubernamental en materia de seguridad, contó con la participación de ministros y secretarios de Estado. El evento, que comenzó a las 8:45 horas en La Moneda, reunió a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y a los secretarios de Estado de Deporte, Culturas, Ciencia, Tecnología, y Hacienda, entre otros. La agenda se centró en un amplio plan para el control de armas en respuesta a la reciente crisis de seguridad que incluyó el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, y el trágico homicidio de un niño de 13 años en La Florida. Tohá, al término del encuentro, destacó que el control de armas fue el tema principal abordado. La mayoría de los homicidios en nuestro país tienen detrás un arma de fuego. Esas armas circulan con más frecuencia de la aceptable en las calles, y muchas, aunque originalmente legales, terminan utilizándose para delitos , señaló la ministra del Interior. La funcionaria detalló que se presentaron propuestas concretas aprobadas por el presidente para un control más riguroso de las armas inscritas, la lucha contra el contrabando de armas y el fortalecimiento del control en los barrios. Además, se abordaron mecanismos de defensa y reducción de la circulación de armas en lugares con alta afluencia de público. Posteriormente, el subsecretario Monsalve desglosó los cinco ejes principales del plan de control de armas. Este incluirá mayor control, fiscalización en las fronteras, ampliación del registro de armamento, fortalecimiento de la trazabilidad y creación de identificación de huella balística, así como una propuesta para restringir la comercialización de armas a fogueo modificables. La primera resolución destacada fue la ampliación del Plan Microtráfico Cero (MT0) para investigar el uso de armas en barrios y poblaciones. Esto implicará el aumento del equipo de trabajo de la Policía de investigaciones (PDI), de 132 a 256 funcionarios. Otro punto esencial fue fortalecer el control en la frontera para impedir el tráfico ilícito de armas y sus partes, extendiendo un convenio entre la Dirección General de Movilización Nacional y el Servicio Nacional de Aduanas. La fiscalización de armas inscritas legalmente también será fortalecida, ya que dos tercios de las armas tradicionales de fuego incautadas estaban previamente inscritas de manera legal, pero terminaron en manos de delincuentes. El mandatario instruyó la presentación de una propuesta concreta para modificar las leyes o reglamentos que permitan la adquisición o comercialización de armas a fogueo modificables.
